De Jorge Fernandez (Excelsior)

En las próximas horas, todos los partidos deberán definir sus listas de candidatos. Sin considerar escándalos tipo Chuayffet, a quien más le ha costado ese proceso hasta ahora es a López Obrador. El descontento que existe en el perredismo por esas designaciones explica la crítica de Cuauhtémoc Cárdenas, pero va mucho más allá: en realidad, más de 70% de las listas de la Alianza por el Bien de Todos no estarán ocupadas por militantes perredistas y casi ninguno es cardenista.

Ello no tendría por qué ser negativo, si los aspirantes fueran políticos con respetabilidad y peso político propio, pero sucede todo lo contrario.

Ejemplos hay muchos: el más evidente, la insistencia en colocar como candidato a senador en Quintana Roo al ex alcalde Juan Ignacio García Zalvidea, un hombre que, además de encontrarse inhabilitado legalmente para ocupar esa posición, está acusado de diferentes delitos; llevó durante su administración al punto más bajo a Cancún; su hermano estuvo detenido durante meses, acusado de lavar dinero para el narcotráfico. García Zalvidea, en apenas cuatro, cinco años, pasó por el PRI, el PAN, el Partido Verde y ahora por el PRD (pasó también por la cárcel, por malversación de fondos del ayuntamiento). ¿Qué tiene que ver este hombre con las causas democráticas, progresistas, sobre las que se creó el PRD?

Como candidato a senador aparece Víctor Anchando, ex secretario de Gobierno de Chihuahua y acusado por el PRD y diferentes instituciones de derechos humanos como uno de los responsables de negligencia y protección a los autores de las muertas de Juárez.

Fue, junto con el ex procurador El Chito Ríos, de los funcionarios más cuestionados en la gestión de Patricio Martínez. ¿Qué hace ese hombre representando al PRD en el Senado?

José Guadarrama fue uno de los más célebres y oscuros operadores electorales del priísmo. Está acusado por el PRD de haber perpetrado dos fraudes electorales en contra de ese partido en Michoacán. El mismo partido del sol azteca lo acusó de ordenar el asesinato de siete campesinos en su natal Hidalgo. También organizó un fraude contra el PAN en Pachuca, y en la campaña de Francisco Labastida siempre se dijo que Guadarrama se quedó con buena parte de los recursos que estaban destinados a esa campaña en los estados: eran, casualmente, los recursos supuestamente provenientes del famoso Pemexgate. Guadarrama buscó cobijo en el PRD para librar esas acusaciones. ¿Qué hace un hombre como Guadarrama de candidato del PRD?

Peor aún, el segundo en la fórmula en Hidalgo es el ex cantante Francisco Berganza: en unos pocos años ex priísta, ex panista, ex perredista, ahora militante de Convergencia, acusado del secuestro de un comerciante. Se trata de dos candidatos impresentables.

La lista podría continuar: Elías Dip en San Luis Potosí; Víctor Gandarilla en Sinaloa; Raúl Sifuentes en Coahuila; Alfonso Durazo en Sonora; el derrotado Alfonso Sánchez Anaya entre los plurinominales en Tlaxcala; el controvertido líder sindical Roberto Vega Galina.

Supongamos que los candidatos de AMLO no tienen por qué tener alguna relación con el PRD, pero, ¿qué tienen que ver con las causas que esa corriente política se supone que ha defendido históricamente?

No son progresistas, la mayoría no son siquiera personajes con un respetado perfil demócrata, muchos están acusados de reiteradas y sucesivas traiciones y de delitos graves. Dicen algunos, en el entorno perredista, que esos candidatos le traerán votos a López Obrador: las encuestas confirman lo contrario. La más reciente, la de María de las Heras, dice que perdió más de 700 mil adherentes en apenas un mes, desde cuando comenzaron a divulgarse esos nombres.

¿Cómo no comprender el descontento público de Cárdenas y de muchos perredistas ante la restauración, bajo las siglas del PRD, del más viejo PRI?